Se empieza a debatir en el Congreso de la Nación un nuevo marco normativa del sistema de enseñanza en Argentina, en contraste a la Ley de Educación Nacional 26.206, una propuesta de Ley de Libertad Educativa.
En este sentido, la legislación vigente establece a la educación como un bien público y un derecho garantizado por el Estado, estructurando niveles obligatorios desde la etapa inicial hasta la secundaria.
Por otro lado, el nuevo proyecto de ley educativa, enfatiza la autonomía institucional, el derecho preferente de las familias a elegir la formación de sus hijos y la introducción de formas alternativas de enseñanza.
Tanto la ley actual y el proyecto abordan la regulación de la carrera docente, los mecanismos de financiamiento y la importancia de evaluar la calidad del aprendizaje en todo el territorio.
Se definen modalidades específicas para contextos diversos, como la educación rural, intercultural bilingüe y técnica.
En conjunto, ambos textos reflejan visiones sobre la responsabilidad estatal y la libertad pedagógica dentro del esquema educativo nacional.
La LLE (Ley de Libertad Educativa) busca derogar explícitamente a la LEN (Ley de Educación Nacional) para instaurar un nuevo paradigma educativo basado en la autonomía institucional y la libertad de elección. El cambio de paradigma es importante y polémico en términos de derechos de los ciudadanos, financiamiento y sostenimiento del sistema educativo argentino y el papel que deja de tener el Estado nacional y la responsabilidad constitucional de cada provincia.
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