Tratar de entender y comprender las fases que ha pasado el Estado en las últimas cuatro décadas, resulta necesario descifrar estratégicamente la gobernanza en un entorno virulento y de incertidumbre. El modelo de desarrollo posguerra (1870-1970) entró en crisis (Gantus).
Las mismas no constituyen cronologías
aisladas, por el contrario, son respuestas cualitativas a crisis de
acumulación, de erosiones de la legitimidad políticos y de saltos tecnológicos
que rompen y altera profundamente el denominado contrato social de Rousseau.
El análisis de las transformaciones es
importante debido a que, por un lado, se manifiesta cómo la idea de Keynes que prometía el crecimiento
económico era una promesa incumplible.
Incluir a todos bajo una capa protectora de empleo formal, se evapora
frágilmente dando lugar a una reconfiguración de las escalas de riesgo social.
Aquí Isuani, distingue este período
como su sustento de Estado Keynesiano y Estado de Bienestar.
Frente a esta premisa, diría central,
se destaca cómo el Estado redefine su capacidad de intervención frente al
agobio del orden de posguerra; dando identificación a rupturas importantes dentro del orden del Estado, con diferentes
formas y paradigmas
La primera ruptura es el paso del
consenso planificador al paradigma neoliberal de los 80/90. Aquí se nota una
marca impronta de ajuste estructural. Y, por otro lado, la irrupción de la “era
exponencial”, denominada Cuarta Revolución
Industrial.
Es aquí que éste traslado de una a
otra, exige evaluar el desplazamiento del Estado desde un rol de omnipresente y planificador, hacia un
Estado que exige una capacidad de
anticipación tecnológica, esto para impedir la intrascendencia debido a la
velocidad por la cual se producen cambios.
Hacia fines de los 70, la elevada
inflación, el estancamiento económico y el alto empleo producen un quiebre del
orden posguerra. El fin de la convertibilidad del dólar debilitan la confianza
en el Estado keynesiano. Este panorama, produce una emergencia y articula una
potencia doble crítica al Estado: su tamaño,
vinculada a la crisis fiscal y la acumulación) y por otra parte, su forma burocrática (ineficiencia en los
métodos para mantener el orden).
Cómo respuesta a lo anterior se
inician programas para la modernización vía internacionalización, como resultado de un consenso entre organismos acreedores y expertos
especialistas en la temática.
Esta
reforma neoliberal se organizó bajo tres pilares para, justamente, calibrar la
relación Estado-Sociedad:
Como primer pilar la privatización: en donde la presencia
del Estado en la producción se reduce exponencialmente lo que lleva a la
pérdida de su capacidad para generar y sostener empleo directo. Esto implicó que
el Estado dejara en manos de privado la empresa que sostenía o las que tenía
participación monetaria. Implicó un desembolso económico importante.
Una segunda estructuración la
constituyó la desregulación que
limitó la capacidad de intervención económica del Estado, permitiendo que el
mercado operara en el precio, compra y venta de bienes; como así también
normativas de regulación mínimas con casi nula intervención estatal. El mercado
tenía y debía regularse automáticamente a través de la oferta y la demanda,
entre particulares.
El tercer elemento o pilar que formó
parte para ajustar la reforma neoliberal
fue la flexibilización laboral como herramienta para desgastar el poder de los
sindicatos y para eliminar el rígido modelo anterior imperante. Esto significó
nuevas modalidades contractuales para los empleados, regulación de jubilaciones
y pensiones, desregulación de obras sociales (en mano de sindicatos).
En Latinoamérica, mientras la región
intentaba consolidarse democráticamente, este proceso vivió un desequilibrio
histórico, la redemocratización aplicaba ajustes fiscales extremos. La promesa
de la gestión de “achicar para crecer”
fue reemplazada por la urgencia económica de “achicar para pagar”, en este caso específico pagar la deuda
externa contraída sin la cual el mercado no podía competir y los acreedores
presionaban para un ajuste social con promesas cobrar y luego de invertir.
La transición al siglo XXI dio lugar a la denominada Cuarta
Revolución Industrial, escena en donde conocimiento e información desplazan a
la coerción y los recursos materiales como poder dominante.
Habitamos un futuro donde los chips, la biométrica, los
drones y algoritmos son tecnologías cotidianas. En ese caso el Estado se
enfrenta a una poderosa maquinaria y tiene como desafío: quedarse en burocracia
ante la informatización digital. Oszlak la
describe como la Era Exponencial, el
gobierno como plataforma.
Las tecnologías que irrumpen definen la gestión pública con
los siguientes ejes vertebrales:
Inteligencia
artificial y big data: se pasa de una lógica al estilo Weber a una lógica del algoritmo, en donde los principios a favor
de la gestión se encuentran regido por sistemas de control y sin
flexibilización normativa. La incorporación de inteligencia artificial a la
gestión simplifica, en algunos casos, la gobernanza del Estado.
Por otro lado, la irrupción de la robotización, a diferencia de otras revoluciones, ahorra el
trabajo/hombre en forma exponencial produciendo desempleo tecnológico debido a su rápido avance. Aquí se encuentra
el Estado en un dilema de cómo gestionar la obsolescencia laboral de grandes
sectores poblacionales, en tanto el poder se centra en una elite con acceso a
flujos digitales.
A su vez el uso de plataformas
digitales y el acceso a internet de parte del Estado le permite gestionar
las denominadas “ciudades digitales”.
Aquí el planteo se da en el riesgo que se corre con la privacidad de las
personas al contar con una vigilancia omnipresente y la falta de claridad del
uso de algoritmos para la toma de decisiones públicas hacia el ciudadano.
Por un lado, estos mecanismos de vigilancia proporcionan al
ciudadano seguridad y por el otro se ve afectada su libertad y su privacidad.
Es entonces donde surge el debate ético sobre la singularidad y la multiplicidad, entendidas como el control de las inteligencias artificiales y la colaboración humano-máquina. Aquí es donde el Estado debe actuar como un regulador y dinámico ante las demandas.
Bienestar y Cuestión Social
Es sabido que la cuestión social no
tiene una única solución o fórmula y que éstas se encuentran determinadas, en
primer lugar, por las trayectorias de cada sistema
organizado de gobierno.
El sistema anglosajón
(residual) su propuesta central es la autosuficiencia individual en
respuesta a la crisis, teniendo como sujetos a los trabajadores pobres de clase
baja y marginales, quienes se encuentra en la base de la jerarquía económica,
desempleados y excluidos socialmente.
En tanto el corporativo
(continental) se aboca la integración social, entendida como el ingreso de
las minorías en igualdad de derechos y oportunidades. Esto llevado a cabo a
través de favorecer el empleo, la jubilación anticipada a pesar que están
desocupadas con aportes realizados y la ayuda o prestación económica a personas
de escasos recursos económicos y vulnerables, destinado a cubrir elementos de
la canasta básica alimentaria. Su objetivo es la inserción socio laboral de los
ciudadanos.
Otro sistema, el escandinavo
(universal), implicaba la igualdad ciudadana con políticas activas de
empleo y servicios universales del estado, aquí el ciudadano es independiente
del mercado. No se puede medir o comparar al sujeto en términos del mercado, en
donde los esfuerzos del Estado se enfocan en la persona.
En América Latina el pleno empleo
keynesiano golpea negativamente sobre las bases precarias del mercado formal,
que resulta ser un espacio de exclusión social debido a las diferencias
estructurales, sociales, legales y económicas.
Debido la extrema precarización la
preocupación estatal se debate entre el “ingreso como programa de
sobrevivencia” que margina hacia la exclusión (Rosanvallon P.) y el “ingreso como liberación”. Para Latinoamérica
y viendo esta situación compleja, encuentra una estrategia que resulta viable.
La misma está constituida por un modelo dual de “ingreso ciuidadano”.
El ingreso ciudadano tiene dos componentes esenciales: uno incondicional que está centrado en los ingresos que se vinculan a transferencias universales para niños y adultos mayores para garantizar un piso fuera de toda lógica de mercado. Y por otro, un componente condicional, en este caso vinculado estrechamente con la educación y el trabajo productivo. Aquí es donde el conocimiento toma eje central y la educación deja de ser un gasto, transformándose en la puerta de entrada para salir de la marginalidad estructural y la falta de cultura.
A modo de
conclusión
Puedo afirmar que estas cuatro
décadas de evolución del Estado se pasó de tener un poder estatal omnipotente y
planificador a un ente regulador neoliberal y, luego, a un Estado con capacidad
de anticipación a las nuevas tecnologías; sin la cual el mismo no puede medir
los nuevos riesgos y retos sociales emergencias y menos aún poder gestionarlo.
Mientras tanto encontré tres diferencias fundamentales en este
aspecto:
En primer lugar, la naturaleza del poder en donde la soberanía hoy
juega un rol importante en el control de infraestructuras y de “big data”.
Por segundo el desacople o desacomodamiento del crecimiento-empleo,
debido a que la expansión económica no garantiza bienestar social, lo que
obliga a pensar y re pensar la protección y las formas independientes en el
mercado laboral
Como tercera diferencia puedo nombrar la “ética del algoritmo”, en donde las gestiones públicas estatales
tienen que abandonar la neutralidad de la técnica para, luego, asegurar que los
procesos tecnológicos no sigan produciendo y profundizando desigualdades
sociales y no vulnere la privacidad de los ciudadanos.
El desafío actual, más allá de ser
eficiente y eficaz en los procedimientos y procesos, configura al Estado ser más humano en la era de los
sistemas. En este sentido, la responsabilidad estatal debe enfocarse en ser el garante de que la innovación sea
puesta al servicio de la persona humana
sin avasallar su dignidad.
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